Viernes, 15 de mayo 2026.
Desde su llegada al poder, Donald Trump impulsó una de las ofensivas más agresivas contra los inmigrantes en la historia reciente de Estados Unidos, marcada por redadas masivas, ampliación de deportaciones, restricciones de asilo y un discurso político orientado a presentar la migración irregular como "una amenaza para la seguridad y la estabilidad económica del país".
Desde su llegada al poder, Donald Trump impulsó una de las ofensivas más agresivas contra los inmigrantes en la historia reciente de Estados Unidos, marcada por redadas masivas, ampliación de deportaciones, restricciones de asilo y un discurso político orientado a presentar la migración irregular como "una amenaza para la seguridad y la estabilidad económica del país".
La magnitud de esa ofensiva parece haber generado el problema de un enorme volumen de detenidos, expedientes y procesos legales acumulados en el sistema migratorio.
Miles de casos requieren investigaciones complejas, verificación de identidades, coordinación diplomática con países de origen y largos procedimientos judiciales. A esto se suman costos multimillonarios en detención, transporte, seguridad y administración migratoria.
En medio de esa presión, Washington parece estar impulsando la cuestionada y humillante estrategia de mover parte del problema migratorio hacia otros países, para quitar presión al sistema estadounidense.
En otras palabras, ahora pretendería que otros países asuman parte de la carga migratoria, incluso sirviendo de albergue para recibir migrantes que no son sus nacionales.
Es lo que ahora está haciendo la República Dominicana, recibir migrantes de otras nacionalidades deportados por Estados Unidos.
Si Washington decidió emprender una política de persecución migratoria masiva, corresponde a Washington asumir sus consecuencias humanas, económicas, legales y diplomáticas.
Este acuerdo jamás debió ser firmado por el gobierno dominicano, porque toda nación verdaderamente soberana tiene el deber moral y patriótico de defender su territorio, su institucionalidad y su derecho a decidir sin presiones externas.
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