Miles toman la Plaza de la Bandera contra "Ley Mordaza", alto costo de la vida, abusos policiales y mala gestión del Gobierno


Por Luis Herasme
Jueves, 9 de julio 2026

Santo Domingo.
Miles de ciudadanos se concentraron este jueves 9 de julio en la Plaza de la Bandera para expresar su rechazo a la denominada "Ley Mordaza", denunciar el alto costo de la vida, exigir el cese de los abusos policiales y manifestar su descontento con la gestión del Gobierno. 

La movilización reunió a personas de distintos sectores sociales que reclamaron mayor respeto a las libertades públicas, mejores condiciones económicas para la población y respuestas efectivas frente a la inseguridad y las denuncias de violencia policial.

Durante la jornada, los manifestantes portaron pancartas, banderas dominicanas y mensajes de protesta, mientras coreaban consignas en defensa de la libertad de expresión y contra las políticas que, a su juicio, han deteriorado las condiciones de vida de los ciudadanos. 

Entre las principales demandas figuraron la reducción del costo de la canasta básica, medidas para enfrentar la inflación, mayor transparencia en la administración pública y un cambio en las políticas gubernamentales.

Los participantes también reclamaron una transformación profunda de la Policía Nacional, al considerar que persisten los abusos durante los operativos y las actuaciones de los agentes. Asimismo, cuestionaron lo que califican como una deficiente gestión gubernamental en áreas como seguridad, economía, salud y servicios públicos.

La concentración transcurrió de manera pacífica, bajo un amplio despliegue de seguridad, y se convirtió en una de las manifestaciones ciudadanas más numerosas realizadas en la Plaza de la Bandera en rechazo a las políticas del Gobierno y a la aprobación del nuevo Código Penal.

LA LEY MORDAZA

La denominada "Ley Mordaza" es el nombre con el que periodistas, juristas, organizaciones de la sociedad civil y diversos sectores identifican varios artículos del nuevo Código Penal que tipifican delitos como la difamación, la injuria y la difamación extorsiva, cuando las expresiones son difundidas a través de medios de comunicación, plataformas digitales o redes sociales. 

Sus críticos advierten que estas disposiciones podrían restringir la libertad de expresión, fomentar la autocensura y facilitar acciones penales contra periodistas, comunicadores y ciudadanos por denuncias o críticas de interés público.

Uno de los aspectos más cuestionados es el artículo 208, que establece para el delito de difamación penas de dos a cinco años de prisión, además de multas económicas, mientras que la difamación extorsiva contempla sanciones aún más severas, de cinco a diez años de prisión.

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