Martes 16 de junio 2026.
Santo Domingo.– El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó la madrugada de este martes a 20 años de prisión al mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, tras encontrarlos culpables de diversos delitos relacionados con corrupción administrativa y manejo irregular de recursos públicos, tras un proceso judicial iniciado en el 2021.
La sentencia fue emitida por un tribunal integrado por las juezas Esmirna Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, que además ordenó el pago de una indemnización de RD$5,000 millones al Estado dominicano por los perjuicios atribuidos a la estructura investigada.
De acuerdo con el fallo, Cáceres Silvestre y Torres Robiou fueron declarados culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado y otros delitos vinculados al ejercicio de funciones públicas.
Por su parte, Rafael Núñez de Aza fue condenado por asociación de malhechores, prevaricación, soborno, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
El tribunal también condenó a la pastora Rossy Guzmán Sánchez a 15 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 300 salarios mínimos del sector público, tras declararla culpable de incremento patrimonial ilícito y participación en la estructura investigada.
La decisión fue adoptada luego de un proceso judicial en el que el Ministerio Público presentó pruebas documentales, periciales y testimoniales para sustentar las acusaciones formuladas contra los imputados.
La lectura íntegra de la sentencia se extendió por más de once horas. El dispositivo comenzó a ser pronunciado a las 2:22 de la madrugada de este martes, luego de una audiencia iniciada la tarde del día anterior.
Según estableció el tribunal, los hechos por los que fueron condenados los acusados ocurrieron durante el período en que Adán Cáceres Silvestre estuvo al frente del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) entre 2012 y 2020, y Juan Carlos Torres Robiou dirigió el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR) entre 2016 y 2020. La sentencia concluyó que desde esas dependencias se desarrollaron mecanismos que permitieron el manejo irregular de recursos estatales.
Además de los principales acusados, el tribunal impuso condenas a otras personas vinculadas al caso conocido como Operación Coral, una investigación desarrollada por el Ministerio Público sobre presuntas irregularidades en el manejo de fondos estatales.
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